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Empresas eólicas piden que el futuro del sector en Galicia se desarrolle por ley

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) propone que la regulación de este sector eólico "se haga por ley, y no por decreto", para que sea el Parlamento en pleno el que determine el futuro de una actividad tan relevante para el desarrollo de esta comunidad autónoma. La organización empresarial ha presentado alegaciones al segundo borrador de decreto elaborado por el departamento que dirige Fernando Blanco, pues entiende que "lamentablemente el documento reformado mantiene su carácter negativo y sus causas de ilegalidad que impiden en derecho su promulgación". Así, las objeciones presentadas por EGA parten de la solicitud de que sea el Parlamento, mediante ley, "el que garantice la transparencia tanto en el proceso de selección de los futuros proyectos de parques".

EGA denuncia que el borrador que maneja Industria, "bajo una apariencia de legalidad formal, esconde múltiples discrecionalidades inadmisibles", entre las que cita que "incumple los principios constitucionales de jerarquía normativa, de reserva de ley, de confianza legítima en el actuar de la administración, de contradicción y audiencia del interesado y de principio de seguridad jurídica". Advierte de que el borrador califica como de "carácter voluntario" la presentación de determinados documentos y actuaciones de los promotores solicitantes de proyectos, "cuando en realidad tienen la condición de obligatorios".

Para EGA, el régimen de formulas de participación pública gratuita "supone una flagrante infracción del actual ordenamiento, con independencia del agravio comparativo que para las promotoras eólicas supone la pretendida política intervencionista, en relación con otros sectores empresariales".
También cree que "es contrario al principio de objetividad, libre competencia, no discriminación e, incluso, transparencia", que debe informar la actividad de generación de energía eléctrica y el otorgamiento de las autorizaciones administrativas que se recoge en el artículo 21 de la Ley 54/1997.

Igualmente apunta que "vulnera el principio de libertad de empresa" recogido en el Artículo 38 de la Constitución y, consecuentemente, el de "reserva de ley" incluido en el Artículo 53 de la misma. Asimismo, la patronal entiende que "contradice el principio de seguridad jurídica y encubre una posible donación patrimonial forzosa de alcance expropiatorio", que dice que es contrario no sólo al régimen de derecho a la libre competencia nacional, sino a la propia legislación europea. Añade que el borrador de decreto "resulta intervencionista" por "pretender vincular la producción de la instalación eólica con el importe del arrendamiento de los terrenos, interviniendo en un régimen de mercado libre sometido al derecho privado".