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La Fiscalía imputa al ex director xeral de Industria por tráfico de influencias: concedió 16 parques eólicos y minicentrales a su cuñado que niega las acusaciones y reivindica su profesionalidad

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha imputado un delito de tráfico de influencias al ex director xeral de Industria de la Xunta durante el Gobierno del PPdeG, Ramón Ordás Badía, por conceder parques eólicos y minicentrales hidroeléctricas a su cuñado, el industrial Luis Castro Valdivia, a quien el fiscal también ha imputado. No obstante, la Fiscalía también advierte que, al delito de tráfico de influencias, podrían sumarse otros de prevaricación y de cohecho en función de las diligencias que se puedan practicar en la instrucción del caso.

Ramón Ordás Badía ocupó el puesto de director xeral de Industria, Energía y Minas de la Xunta entre noviembre de 1999 y junio de 2005, es decir, durante los últimos seis años de Gobierno del PP en la Xunta. En la actualidad es director de negocio energético de Endesa en Portugal. Según un informe remitido al Juzgado de Instrucción decano de A Coruña y firmado el 13 de marzo de 2007 por el fiscal José Piñol Rodríguez, durante los 15 años de Gobierno de Manuel Fraga, el industrial Castro Valdivia se benefició de la concesión de siete parques eólicos y de nueve minicentrales a las que hay que añadir otra "operación sospechosa" referida a la transmisión de derechos sobre el aprovechamiento hidroeléctrico sobre el Río Landró. A juicio del fiscal, Castro Valdivia recibió "un fuerte impulso y consolidación" en cuanto a los proyectos de minicentrales y parques eólicos que se le adjudican desde que su cuñado asumió en 1999 la Dirección Xeral de Industria.

El empresario, que está relacionado con 35 empresas y con anterioridad consta en otras cuatro compañías, se benefició de estas concesiones pese a que su red empresarial "carece de las condiciones mínimas para poder afrontar proyectos de tamaño financiero y técnico como el que requieren los relacionados con el sector energético". A la vista de que las más de 30 empresas con las cuales está relacionado cuentan con "un capital muy escaso", "carecen de todo tipo de soporte personal para el desarrollo de sus finalidades" y "no cuentan con el soporte técnico ni material" para llevar a cabo proyectos energéticos, el fiscal concluye que la red empresarial de Castro Valdivia "no podría haber obtenido las autorizaciones administrativas" para parques eólicos y minicentrales.

Además, la Fiscalía alerta de que este entramado eludió desarrollar un plan eólico empresarial, que según la legislación vigente, debe ser constituido cuando se accede a más de un parque eólico. Con el "apoyo de su cuñado", en ese momento director xeral de Industria, Castro Valdivia entró en diciembre de 1999 en el negocio de las centrales hidroeléctricas, mientras que percibió autorizaciones de parques eólicos desde el año 2004. Así, incluso obtuvo una autorización para un parque eólico en noviembre de 2005, cuando el Gobierno bipartito ya había tomado posesión, ya que la admisión a trámite de la solicitud y su tramitación se produjo aún con Ordás en la Dirección Xeral de Industria.

A petición del fiscal, la Consellería de Innovación e Industria remitió un informe sobre posibles irregularidades en expedientes de concesiones energéticas durante la época del Gobierno de Manuel Fraga, ya que se detectaron indicios de fraude de ley en algunos proyectos.

Al respecto, el conselleiro de Innovación, Fernando Blanco, recordó que, ya en su momento, el departamento que dirige detectó una situación "complicada" debido a "algunas irregularidades" en concesiones energéticas realizadas por Ordás Badía. Al respecto, puntualizó que es a la Fiscalía a quien corresponde evaluar la situación. "A mí lo que me correspondía era sacar un nuevo decreto y establecer la concurrencia competitiva para que efectivamente haya elementos valorizables objetivos, como así hicimos. Ésa es nuestra responsabilidad,", se limitó a responder a preguntas de los medios de comunicación.

Por su parte, el empresario Luis Castro Valdivia negó que el parentesco con Ramón Ordás Badía le haya beneficiado en la concesión de parques eólicos y minicentrales mientras éste ocupó la Dirección Xeral de Industria entre 1999 y 2005 y defendió la legalidad de sus actividades empresariales. Después de que la Fiscalía le haya imputado por un delito de tráfico de influencias junto con el director general de Industria durante los últimos seis años del Gobierno de Manuel Fraga, Castro Valdivia asegura que esta acusación "carece de fundamento". "Mi relación con Ordás, lejos de haberme beneficiado me ha perjudicado en numerosas ocasiones en mis actividades empresariales", asevera en un comunicado.

Al respecto, agrega que las relaciones personales con su cuñado "nunca han sido buenas", niega una relación de amistad entre ambos y aclara que no fueron cuñados hasta el año 2001. Las concesiones de minicentrales hidroeléctricas de las cuales se benefició Castro Valdivia y que el fiscal considera sospechosas se producen desde el mes de diciembre de 1999.

Castro Valdivia reivindica su trayectoria empresarial desde "hace más de 17 años" y defiende que "todos" los proyectos en los que tiene algún tipo de participación "han contado con todas las condiciones requeridas y todas las garantías administrativas solicitadas en cada caso". Según su versión, "todas" las sociedades por él participadas "han respetado la legalidad vigente". Asimismo, se defiende de una de las críticas de la Fiscalía del TSXG respecto a que no constituyó un plan eólico empresarial y argumenta que "no se daban los supuestos de hecho" requeridos para ello. Así, concluye que ha dado instrucciones a sus asesores legales para que realicen la defensa de sus intereses "con firmeza" y no descarta "posibles actuaciones futuras para proteger su reputación y buen nombre".